A través de la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, el Gobierno de CDMX busca erradicar la discriminación hacia personas que pretenden rentar un inmueble y cohabitar con infancias o animales de compañía.
Asimismo, la propuesta presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propone facilitar los requisitos para rentar al establecer que los arrendadores únicamente podrán exigir una garantía. Sin embargo, también establece mecanismos de protección para los propietarios de los inmuebles y obligaciones para los arrendatarios, como realizar un uso adecuado del inmueble y conservarlo en buen estado.
En conferencia de prensa, Brugada detalló los puntos estratégicos de la iniciativa de reforma enviada al Congreso el pasado 14 de octubre.
Presentamos la iniciativa de Rentas Justas, Razonables y Asequibles en la Ciudad de México para regularlas, evitar que suban por encima de la inflación y frenar los abusos en los alquileres. Esta iniciativa contempla 7 ejes estratégicos: 1. Límite al aumento según la inflación 2. Eliminación del exceso de garantías cobradas 3. Nueva defensoría inquilinaria 4. Contratos estables por año 5. Más vivienda pública asequible 6. Protección social ante desalojos 7. Observatorio público para evaluar costos del suelo La vivienda no es un negocio ni una mercancía, ¡es un derecho fundamental!
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 22, 2026También te puede interesar
¿Qué dice la Ley de Rentas de CDMX sobre las mascotas e infancias?
Brugada detalló que la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas es una especie de nueva carta de derechos y obligaciones para los inquilinos y propietarios.
Al respecto, aseguró que en su propuesta “se garantiza el derecho a vivir con niños, niñas y animales de compañía”.
En el artículo 24 de la iniciativa de ley se propone que “la cohabitación con infancias y animales de compañía” no podrá ser obstáculo “para el ejercicio de ios derechos que le corresponden a cada una de las partes” en un contrato de renta.
Simplifican requisitos para rentas en CDMX
Por otro lado, la jefa de Gobierno explicó que “actualmente se llega a exigir hasta 4 garantías” para rentar en CDMX. Como ejemplo, citó el depósito, el fiador, la póliza jurídica y el obligado solidario.
Sin embargo, la mandataria aseguró que con su nueva propuesta “eso se terminó: solo se podrá exigir una garantía para rentar”.
Asimismo, Brugada detalló algunas obligaciones que tendrán tanto arrendatarios como arrendadores:
“Los inquilinos tendrán obligaciones, entre otras, de pagar la renta, conservar bien el inmueble, usarlo solo para el uso para el que fue alquilado y no podrán hacer cambios estructurales sin autorización del casero […]. Los arrendadores deberán registrar el contrato, conservar el inmueble en buen estado y devolver el depósito pactado”.
Contratos deberán registrarse digitalmente
Por otro lado, en su Capítulo II, la Ley de Relaciones Inquilinarias de la jefa de Gobierno propone crear un registro digital de contratos de arrendamiento habitacional. El registro será gestionado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Para ello, se tendrán que proporcionar datos como nombre de los involucrados en el contrato, ubicación y superficie del inmueble. También el monto del depósito, el plazo del contrato y el tipo de garantía.
Además, los arrendadores deberán entregar a los arrendatarios una copia del contrato. Adicionalmente, en los 30 días posteriores al registro del contrato, también deberán entregarle un comprobante que acredite que se realizó el trámite.
Límite al aumento de las rentas se hará efectivo
Al presentar los puntos estratégicos de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que uno de los objetivos principales es hacer respetar el límite al incremento anual en el precio de las rentas.
“Las rentas no podrán subir por encima de la Inflación. Esto ya estaba en el Código Civil. Ahora, garantizaremos su cumplimiento efectivo […]. Toda persona tiene derecho a obtener una renta razonable por su propiedad, pero no a especular con una necesidad básica”, comentó.
Adicionalmente explicó que se creará una Defensoría Inquilinaria. Esta será “una institución pública especializada que será adscrita a la Procuraduría Social para evitar cualquier tipo de abuso en la renta de viviendas. Tendrá el mandato de velar por el equilibrio de las relaciones inquilinarias y los derechos de las dos partes. Ofrecerá orientación, asesoría y defensa jurídica gratuita tanto a inquilinos como a propietarios”.
Por otro lado, se creará un Gabinete de Acompañamiento Social Ante los Desalojos: “Ninguna familia debe qedar desamparada ante un desalojo. Estaremos creando el gabinete de acompañamiento social ante desalojos para ofrecer alternativas habitacionales, Ningún desalojo puede violar los derechos humanos. Para los desalojos, se tendrá que contratar al equipo de personas capacitadas en derechos humanos por el Gobierno de la Ciudad”, explicó.
Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, explicó que en CDMX “alrededor de 2 millones de personas viven en una vivienda rentada. De las 813 mil viviendas en renta, hay 153 mil familias que viven en viviendas rentadas o prestadas”.
Ante esta situación, comentó que “debemos sustituir cualquier modelo que permita aumentos desproporcionados y termine expulsando a las personas de los barrios donde han construido su vida. Necesitamos abonar en una visión humanista y democrática uqe no puede conformarse con que la ciudad se vuelva inaccesible para quienes la habitan y la sostienen. Las estimaciones recientes del mercado sitúan las rentas entre $16,600 y $24,00 en promedio. Estos costos superan por mucho lo que ONU Hábitat define como el tope máximo de lo que las familias deben aportar para sostener una vivienda adecuada, que es del 30% de su ingreso”.
Por lo pronto, la iniciativa de Ley ya se encuentra en manos del Congreso de CDMX. Al respecto, la jefa de Gobienro pidió al órgano legislativo discutir la propuesta. Además, solicitó que haya un parlamento abierto donde se escuchen todas las voces y se puedan generar consensos.
Finalmente, Brugada enfatizó que la iniciativa garantiza el respeto a la propiedad privada.
“Nosotros defendemos que las ciudades son de quienes las habitan, no solo de quienes pueden pagarlas. Frente a la especulación derecho a la vivienda y frente a la expulsión, derecho al arraigo”, señaló.
