En los casos de violencia sexual digital, las plataformas siempre han estado presentes, al alojar y permitir la circulación de contenidos íntimos sin consentimiento, pero su papel en los procesos de acceso a la justicia ha sido limitado.
Este rol podría cambiar con el acuerdo anunciado el pasado 11 de marzo entre el Gobierno de México y empresas como Google, Meta y TikTok, el cual abre la conversación sobre uno de los mayores obstáculos para las víctimas y su defensa: obtener las pruebas.
Ese paso suele convertirse en un cuello de botella, pues aunque la Ley Olimpia ya ha sido incorporada en las legislaciones de todo el país, los procesos judiciales dependen, en gran medida, de la colaboración de dichas compañías.
“Cuando nosotras queremos un sistema probatorio o cuando necesitamos de una prueba forense digital, requerimos de la colaboración de las plataformas, pero no están obligadas a coadyuvar con nuestras instituciones de procuración y administración de justicia”, explica la activista Olimpia Coral Melo.
Ese vacío ha sostenido un sistema donde las empresas pueden tardar meses o no responder las solicitudes de información. Es aquí donde el acuerdo plantea una vía de cooperación. “Representa un primer paso al acceso a la justicia (…) Es una esperanza para poder estar más cerca de una responsabilidad real”, considera en entrevista.
La violencia no termina con el agresor
Además, este tipo de violencia no termina con la detención y condena del agresor directo, ya que el daño se magnifica cuando otras personas reproducen y comparten el contenido.
“De nada nos serviría tener a nuestros agresores cumpliendo una sentencia, si no tenemos respuestas de reparación del daño y respuestas para bloquear ese contenido por parte de las plataformas”, indica la activista.
Ahí está uno de los puntos clave de este acuerdo, ya que pone el foco en bajar, bloquear y eliminar el material como una respuesta inicial. “Es una primera medida de reparación ante las víctimas. Todavía creemos que no tenemos una reparación completa. ¿Cómo reparas la difusión de un contenido íntimo sexual? ¿Cómo reparas la difusión de noticias de odio?”, cuestiona la activista.
El tamaño del problema: lo visible y lo invisible
El pacto, firmado a unos días del 8M, llegó en un contexto donde el problema es mucho más grande de lo que se alcanza a ver. En América Latina, precisa Olimpia, existen hasta 2 millones de mercados de explotación sexual digital, espacios donde se intercambian, distribuyen o venden contenidos íntimos sin consentimiento.
Y aunque el entorno digital no tiene fronteras, hay pistas de cómo opera a nivel local. En 2019, solo en la Ciudad de México, se llegaron a identificar al menos 300 grupos cerrados —principalmente en WhatsApp y Telegram— dedicados a este intercambio.
El problema es que esos son únicamente los visibles, pues hay grupos privados, redes con VPN, canales cerrados. La dimensión real es mucho mayor y, en muchos casos, imposible de medir.
Sociedad civil: un lugar en la discusión
Otro de los cambios más relevantes del acuerdo también está en quiénes participan. Por primera vez, se plantea integrar a la sociedad civil dentro de los procesos que definen cómo operan las plataformas frente a la violencia digital.
“Una de las medidas es la integración de la sociedad civil, algo que de verdad reconocemos mucho porque esto va a abonar a que tengamos no solamente la mirada de la empresa privada, no solo la mirada del Estado, sino la mirada también de quienes fuimos víctimas, la mirada de quienes nos organizamos”, refiere.
Esto suma una perspectiva distinta, ya que las colectivas no responden a intereses corporativos ni institucionales, sino a los de las víctimas y sobrevivientes, lo que aporta un contrapeso necesario en el proceso.
Un cambio de fondo contra la violencia digital
Más allá de las medidas inmediatas, el planteamiento de las defensoras digitales es a largo plazo para transformar las condiciones que permiten que esta violencia ocurra.
“Nuestra máxima aspiración no es que los bajen y los bloqueen. Aspiramos a que ni siquiera haya la oportunidad de subirlos (…) que las plataformas sigan siendo campos abiertos para la violación masiva de los cuerpos de las niñas y las mujeres”.
Esto implica algo más amplio, no solo intervenir en la lógica de las plataformas y sus algoritmos, sino también impulsar cambios fuera de ellas. Desde campañas de visibilización hasta espacios de diálogo y acciones públicas para prevenir la violencia digital.
🧡 #RadioUNAMRecuerda que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
— Radio UNAM (@RadioUNAM) November 25, 2025
💻⚠️ Este 2025, el tema central es la violencia digital, que vulnera derechos y limita la participación de las mujeres en línea. pic.twitter.com/SV6upAIWX3
“Por ejemplo, el 25 de cada mes hacer visible la violencia digital, generar espacios de diálogo, generar manifestaciones públicas por parte de las plataformas para erradicar y prevenir la violencia, algo que no se había visto, algo que no están obligados a hacer”.
¿Y ahora qué sigue para las plataformas?
El acuerdo marca un punto de partida. Es de carácter voluntario y su alcance aún está en construcción. A partir de aquí, la clave será su implementación con mesas de trabajo, coordinación entre gobierno, empresas y sociedad civil, y mecanismos que permitan traducir lo acordado en acciones concretas.
“Nosotras creemos que tienen que haber estas mesas periódicas, tiene que haber voz de las víctimas, principalmente poniendo al centro a las víctimas, los procesos de los cuales no hemos tenido transparencia”.
También queda pendiente lo que vendrá después. Desde la sociedad civil se plantea avanzar hacia esquemas donde las plataformas asuman responsabilidades más claras en los procesos de justicia.
“No va a haber justicia que verdaderamente impacte en la vida de las mujeres y de las niñas, si no existen responsabilidades económicas y jurídicas directas”, concluye Olimpia.
