Por Carlos Acuña

Hay días en que parece que esta ciudad no tiene memoria. Justo en la esquina de Colima y Mérida, colonia Roma, se ubica un edificio que hoy presume un enorme mural de flores. En la planta baja, una de las varias sucursales de una célebre cafetería acoge a su clientela habitual: expats, turistas, nómadas que miran su teléfono, su computadora o el vacío mientras beben té chai o una infusión de kiwi. Para ellos este lugar es sólo otra reseña en Google Maps: un punto más en su itinerario. Para otras personas esta esquina representa, aún, una herida abierta.

“Prefiero no pasar por ahí”, dice Carmen Ortiz, “no quiero llenarme de odio”. Así es siempre. Cada vez que Carmen o su hermana Noemí Ortiz visitan la Roma, una frontera invisible les impide caminar más allá de Álvaro Obregón. Este 11 de febrero se cumplen cuatro años desde que la Tortería Colima (el negocio que su padre fundó y que ellas atendieron durante 54 años) fue desalojada con violencia por un grupo de golpeadores. Del medio siglo de ofrecer comida caliente y barata a oficinistas, meseros y vecinos, no queda salvo el vértigo.

La gentrificación, el aumento acelerado del costo del alquiler, la llegada masiva de turistas y la toma violenta de los vecindarios chilangos por el capital bursátil deja ese efecto en el cuerpo de los afectados. A veces es una náusea en la boca del estómago o un escalofrío funesto en la espalda.

A Sergio Sánchez, un millennial que en 2019 fue desalojado del Edificio Trevi en el Centro Histórico, le asquea y deprime recordar cuando medio centenar de golpeadores lo amenazaron mientras lanzaban a la calle sus instrumentos musicales, su refrigerador, su cama y su vida entera.

A la fecha hace todo lo posible por no volver a cruzar la esquina de Colón con Doctor Mora en la Alameda Central: la inmobiliaria que lo desalojó construyó dos pisos más, remodelaron el edificio y han anunciado que lo convertirán en un hotel por medio de Airbnb.

Frente a este borrado sistemático, un grupo de afectados, activistas y organizaciones sociales han puesto en marcha la construcción de un instrumento de memoria colectiva: un Proyecto de Memorial Urbano. Un registro público que busca documentar, uno por uno, el mayor número de desalojos y desplazamientos forzados ocurridos en la capital durante los últimos 10 años. 

Se trata no sólo de reunir anécdotas sobre gentrificación y turistificación, sino de generar un registro cartográfico que cruce datos oficiales, registros de prensa y testimonios personales con el fin de identificar las zonas con mayor frecuencia de desalojos y desplazamientos forzados, sus principales causas, responsables y efectos en la vida de las personas.

Si tuviste que mudarte porque te duplicaron la renta en los últimos años, porque el casero inexplicablemente no te quiso renovar contrato, o si te desalojaron de manera forzada sin aviso ni posibilidad de defenderte, tu caso puede contribuir a esta memoria viva.

Busca al Proyecto Memorial Urbano en Instagram o en X (@urbano.memorial) o escribe al correo electrónico urbano.memorial@gmail.com  para llenar un formulario sencillo que ayudará a ampliar los registros.

Una emergencia en desarrollo

Al Proyecto Memorial Urbano se han sumado organizaciones civiles como la Coalición Internacional por el Hábitat o el Frente contra la Gentrificación, académicos, medios de comunicación independientes, entre otros actores convencidos de que se vive una emergencia en la que tanto comercios locales como inquilinos e incluso propietarios corren riesgo ante la agresividad inmobiliaria.

Los casos se acumulan. Siete meses lleva el campamento de República de Cuba instalado a pie de calle: en agosto pasado, 20 familias fueron desalojadas mediante un fraude notarial, en su mayoría personas de la tercera edad. Dos vecinos, Adrián Montoya y Salvador Crescencio, murieron a consecuencia del impacto emocional y los estragos de la intemperie.

En 2025 la prensa registró al menos otros 30 intentos de desalojo de departamentos, comercios o edificios habitacionales enteros. Muchos de ellos fueron ejecutados sin un proceso judicial de por medio (Heriberto Frías 250, colonia Narvarte), en otros se utilizaron grupos armados o de encapuchados (República de Ecuador 4, Centro Histórico; Río de la Plata 21, colonia Cuauhtémoc) o participaron las mismas autoridades capitalinas (Doctor Arce 22, col. Doctores).

Pero las cifras son mucho más altas. Hasta noviembre, el Poder Judicial de la Ciudad de México registró apenas 352 juicios civiles en materia de arrendamiento que terminaron en un desalojo entre enero y noviembre de 2025.

La Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX ha evitado responder las solicitudes de información respecto al número de ocasiones en que ha sido solicitado el apoyo de elementos policiacos para ejecutar un desalojo de inquilinos pero, según informó en su momento, hasta 2020 solía participar en un promedio de 3,000 al año. En estos mismos días, el edificio ubicado en la esquina de Peredo y López, en el Centro Histórico, ha perdido a casi todos sus inquilinos: el propietario quiso doblar el precio del alquiler. 

Los vecinos que viven en los edificios Isabel I y II, en Tacubaya, también enfrentan un proceso de desalojo y los comerciantes de los pasos a desnivel de Tlalpan resisten las intenciones de desalojarlos desde hace semanas.

Según datos del INEGI, revisados por el equipo del Memorial Urbano, cada año cerca de 50,000 personas se mudan de la Ciudad de México al Estado de México, expulsadas sobre todo por las condiciones económicas. Las estadísticas indican que la mayoría de estas personas ganaba menos de 10,000 pesos al mes.

“La sensación es que esta ciudad no nos quiere”, resume Carmen Ortiz, “esta ciudad no quiere a la gente como nosotros”.