¿Adiós, placas de Morelos? El gobierno de la CDMX presentó una propuesta al congreso capitalino para cobrar multas por emplacar los autos en otras entidades, que no correspondan al domicilio en el que habita el propietario.

Esta propuesta, enviada al Congreso de la ciudad, forma parte de los planes del gobierno de la CDMX para ampliar el padrón de contribuyentes y combatir la evasión fiscal.

De acuerdo con información de El Universal, en el documento no se especifica si esta medida aplicaría para los autos ya emplacados o únicamente para aquellos que sean adquiridos a través de las agencias automotrices.

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Multa por emplacar en otros estados

También señala que con esta reforma se busca precisar la obligación de las personas físicas y morales para que obtengan sus placas de circulación siempre que sus domicilios estén en la Ciudad de México, ya no solamente el domicilio fiscal.

“Es importante señalar que la reforma al párrafo primero del referido artículo 160, atiende en estricto sentido a combatir de una manera más eficaz los esquemas de evasión fiscal que se han venido implementando en la ciudad con relación al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, puesto que los contribuyentes han normalizado la práctica de emplacar sus autos en otras entidades federativas en las que la tasa del impuesto es menor o, simplemente, inexistente”, señala el documento.

Por ello, se propone la implementación de una infracción para aquellos contribuyentes que no obtengan las placas de circulación de la Ciudad de México.

La multa sería del entre 521 y 911 pesos para quienes “no obtengan las placas de circulación ante las autoridades competentes, de conformidad con el párrafo primero del artículo 160”, señala el documento.

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Otros impuestos

En este documento también se propone un impuesto de 2% al comercio electrónico, como es el sector de la entrega de alimentos, víveres o mercancias.

La propuesta argumenta que las personas físicas y morales que operan, utilizan y administran plataformas informáticas hacen uso, aprovechan y explotan la infraestructura capitalina, que son bienes de dominio público, por lo cual se propone reformar el artículo 307.

También se prevé una tasa impositiva a las personas físicas o morales que participen como intermediarios, facilitadores o promotores de hospedaje por aplicación electrónica.

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