Con 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones, se aprobó en la Cámara de Diputados ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva, lo que implica reformar el artículo 19 de la Constitución.

En total son nueve delitos en los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando las otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar que el presunto culpable se presente en el juicio, de acuerdo con información de la Cámara de Diputados.

¿Cuáles son los delitos con prisión preventiva oficiosa?

Aunque al inicio se tenía contemplado solo agregar menos delitos a este catálogo, al final se anexaron nueve:

  • Abuso o violencia sexual contra menores
  • Feminicidio
  • Robo a casa habitación
  • Uso de programas sociales con fines electorales
  • Corrupción (tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones)
  • Robo a transporte de carga
  • Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
  • Desaparición forzada de personas y cometida por particulares
  • Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea

Esto significa que aquellos que cometan alguno de estos delitos enfrentarán su proceso legal en prisión, si es que un juez determina iniciar proceso contra ellos. Actualmente el Artículo 19 de la Constitución Política solo contempla la prisión preventiva de oficio en los delitos de “delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

La reforma a este artículo fue enviada a los congresos locales para someterla a análisis.

Y ya que estamos hablando de prisión preventiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE asegurar el voto de las personas que se encuentren en prisión preventiva, es decir, que no han sido sentenciados.

De acuerdo con información de El Financiero, se propuso al INE implementar una etapa de prueba antes de 2024, cuando se realizarán nuevamente las elecciones presidenciales.

Felipe de la Mata Pizaña explicó que el INE deberá definir el mecanismo de voto e identificar si el derecho a votar de las personas en prisión preventiva solo aplicará en elecciones presidenciales o también en otras.

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