Poco tiempo después la entrevistaron y al revivir su historia se desmoronó. Fue una catarsis. A partir de ese momento se convirtió en una especie de activista antibullying. Imparte conferencias y talleres, y ha escrito un libro sobre el tema, ¡Ya no quiero ir a la escuela!, en el que da a conocer casos similares a los suyos.

Como el de Fabiola, a la que las burlas de las que ella consideraba sus amigas le han subyugado tanto la autoestima que incluso ha llegado a enfermar. El diagnóstico: anorexia nerviosa. O el de Luis, un tímido niño de 11 años al que su obesidad le ha supuesto una cruz hasta ahora demasiado pesada. Sus compañeros lo han desnudado en los baños y le han escondido la ropa. Ha encontrado su mochila mojada con «líquidos de dudosa existencia» (sic). Su profesor de gimnasia incluso le ha gritado en medio de la clase: «¡Corre, gordo, baja la panza!».

DEL SALÓN A LA CELDA

Óscar tiene 13 años pero ya no va a la escuela. Ni siquiera habla. En su habitación del Centro Médico Siglo XXI pasa los días asintiendo o negando a las preguntas de sus familiares y del personal médico, como ausente, viendo caricaturas en la televisión. En los últimos meses se ha sometido a lavados de estómago y cirugías. Tiene una sonda que le atraviesa la tráquea y no podrá probar alimentos por lo menos en un año. El 31 de enero pasado, antes de regresar a la Secundaria Técnica 72 Manuel María Contreras, decidió ingerir líquido para limpiar cañerías.

La voz de Óscar es ahora la de sus abuelos, Mauricio y Sara, quienes en marzo decidieron hacer público el caso en el diario Excélsior. «El niño padece de incontinencia urinaria debido a un accidente que tuvo hace tiempo en un testículo que estuvo a punto de perder, y no puede aguantar las ganas de orinar; su maestra de español no le daba permiso de ir al baño», explicaban entonces. Las burlas de sus compañeros y el desprecio de la maestra Norma Gómez, según denuncian, fue en aumento hasta que Óscarempezó a sufrir ataques nerviosos en la escuela.

El detonante: un día fue obligado a limpiar su propio vómito frente a sus compañeros. Mauricio, otro profesor, se percató del problema y le dio un permiso de 15 días para que tomara terapia. Justo el día antes de que expirara el plazo para volver a la escuela, decidió envenenarse. Mientras Óscar se recupera, su desgracia se ha convertido en el primer caso oficial de bullying en México. Sus abuelos ya declararon en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y está en marcha una investigación para deslindar responsabilidades.

De momento, Norma Gómez, la maestra que no hizo caso a Óscar, ha sido suspendida por la Secretaría de Educación Pública. El caso de Óscar ha roto el habitual secretismo que rodea al maltrato y será el primero que ponga a prueba la nueva Unidad Especial Contra el Bullying, creada a raíz del convenio que firmaron el 15 de febrero la PGJDF y la Secretaría de Educación capitalina. En el documento se concilió la creación de un cuerpo de prevención, formado por un agente del Ministerio Público, dos ofi ciales secretarios, seis efectivos de la Policía de Investigación, un abogado victimal, un trabajador social, médico, psicólogos de ambos sexos, y especialistas en la prevención de problemas psicosociales y de salud en jóvenes.

En el boletín de aquel día, la PGJDF reconoce que «el hostigamiento y las situaciones de abuso culminan casi siempre en delito». «Lo que no vamos a hacer es combatir el bullying con la procuraduría capitalina y meter a judiciales en la escuela –explica Mario Delgado, secretario de Educación Pública del DF–. Estamos trabajando a través de talleres para evitar esta violencia. Hay eventos que son constitutivos de violencia per se y eso no lo vamos a resolver en un taller. Lo que queremos es que cuando ocurran estos delitos no lleguen a una fiscalía normal donde el daño que se le pueda hacer al niño es todavía más grave. No es una política persecutoria. Es la última instancia.»

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