Luchar por el derecho a la reconstrucción

El derecho a la reconstrucción
Foto: Cuartoscuro
Iván Martínez, integrante de la asamblea de Vecinos del Multifamilar Tlalpan y de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, explica en esta columna cómo ha sido la larga batalla por el derecho a la reconstrucción.
Quienes sufrimos las consecuencias del sismo del 19 de septiembre de 2017 nos encontramos ocho meses después luchando por volver a lo que llamamos hogar. Han sido semanas y semanas en mesas de negociaciones, mitines, marchas y movilizaciones en redes sociales exigiendo el cumplimiento de lo que consideramos legítimo: respeto al derecho a la reconstrucción, de manera digna, segura y con fondos públicos.
El sismo derribó el edificio 1-C de nuestro Multifamiliar y dañó considerablemente otros seis edificios, dejándolos inhabitables. Recibimos, entonces, el arropo de miles de personas anónimas que sacaron con las manos de entre los escombros a nuestros vecinos. Solidaridad de todos los rincones del mundo se concentró en nuestros hogares mediante donaciones desinteresadas y solidarias.
A 32 años del sismo de 1985, no nos imaginábamos que se repetiría la historia de un gobierno superado, de una descoordinación visible, de gobernantes esquivos y, pasados los rescates, de un largo proceso insolente, de oídos sordos.
Nos vimos forzados a organizarnos. Desde los primeros días de octubre de 2017 ya era notorio que el proceso sería lento. El Multifamiliar Tlalpan se constituyó en una asamblea vecinal para enfrentar su futuro. O nos sentábamos a esperar lo que el gobierno consideraba tenía que hacerse, o nos organizábamos para defender nuestro patrimonio y el derecho a la reconstrucción, que consideramos legítimo y urgente.
Y, de nuevo, las bases metodológicas y legales de cómo debía realizarse la reconstrucción estaban poco claras y lejanas a nosotros, observábamos pasar las semanas sin respuestas claras.
Desde el poder Legislativo, y con la anuencia del Ejecutivo, se votó la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México a finales de 2017, ignorando nuestra oposición.
Dicha ley establece que el acceso a los fondos para la reconstrucción debía hacerse mediante un estudio socioeconómico que determinaría quién sí y quién no tendría derecho al mismo. Y desde nuestra óptica el sismo golpeó y afectó de manera homogénea, sin distinción, además, el Estado Mexicano tiene la capacidad plena para absorber este tipo de emergencias.
Defender el derecho a la reconstrucción, el cual siempre creíamos justo y legítimo, de manera firme y contundente ante las autoridades capitalinas nos condenó a meses de estancamiento. El diálogo se cortó y entramos a una dinámica que consideramos de castigo. Ocurrió una retención intencionada de la documentación post sísmica de nuestros edificios, escuchamos frases socarronas de funcionarios a las víctimas (“el gobierno no tuvo la culpa de que temblara, vecinos”, “quieren todo gratis”, “no se cansan de pedir”), así como una estrategia de división a la propia asamblea del Multifamiliar. Más marchas, más mitines, más hashtags.
Quienes integran este movimiento son personas que salieron un día a trabajar y cuando regresaron tuvieron que salir a luchar por su hogar, sin experiencia política previa y en condiciones de vulnerabilidad por la necesidad de habitar en campamentos improvisados, sometidos a las lluvias, al frío o al calor y a enfermedades físicas y emocionales, que agravaron padecimientos crónicos en algunos vecinos y vecinas, quienes fallecieron invisibles, fuera de las cifras oficiales.
Las autoridades tuvieron que ceder. Este 7 de junio la Comisión para la Reconstrucción dio su voto positivo para un primer paquete de 36 edificios con fondos públicos, sumando un monto inicial de 2 mil millones de pesos.
Es paradójico que a quien hemos enfrentado es a un gobierno proveniente del Partido de la Revolución Democrática, que fincó sus bases históricas a partir de la reconstrucción de 1985 y se nutrió de la resistencia vecinal que, como nosotros, se vio forzada a pelear por su hogar.
La reconstrucción no ha iniciado, pero tenemos el compromiso oficial de que ocurrirá en breve. El derecho a la reconstrucción de nuestros hogares no tendría que escatimarse. Sabemos que nada volverá a ser igual, que de entre todo tendremos que reconstruirnos, además, a nosotros mismos.
Tal proceso implicará, al final, que en el próximo gran sismo que golpeará a la ciudad, las víctimas de entonces no tengan que enfrentar estos grandes muros que nosotros horadamos a fuerza de resistir.