Se dice que la toma de las instalaciones de LyF lleva detrás muchos metros de fibra óptica y bastantes más intereses privados. ¿Será?

Lo que todos sabemos: el 10 de octubre de este año, a las 23hrs, luego de que el Tri le ensartó cuatro goles a la selección de El Salvador, el Gobierno Federal tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en la esquina de Circuito Interior y Marina Nacional, pero también en Hidalgo, Morelos y Puebla. La razón que dio el gobierno de Felipe Calderón: el servicio de la paraestatal resultaba ineficiente por lo menos desde 1974 (cuando se liquidó una parte de la Compañía y se creó la CFE), y las irregularidades en la elección de un nuevo líder sindical fueron la gota que obligó al Ejecutivo Nacional a disolver este organismo. De inmediato, el hecho despertó ánimos en los sectores de izquierda de la sociedad, y no tardó ni un fin de semana en hablarse del complot que, según dicen muchos, hay detrás de esta repentina decisión del Gobierno.

Vayamos al origen del problema: la toma de nota del 5 de octubre que no se le hizo a Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al dejar el cargo. La toma de nota es un mero aviso de los sindicatos hacia el poder federal sobre sus cambios internos que se convirtió, desde los sexenios de los años setenta, en un requisito. El rechazo de la toma de nota de Esparza se hizo anteponiendo irregularidades en la elección interna (cosa que legalmente sólo podría argumentar la Junta de Conciliación y Arbitraje). Luego de una semana de negociaciones entre el SME y el gobierno, la euforia pambolera, a costa de cuatro goles, le permitió al poder federal tomar las instalaciones de LyFC sin problemas, aunque con policía federal de por medio. El objetivo: o monopolizar la industria eléctrica para la CFE, o privatizar el servicio en el centro del país. Cualquiera de los dos significaba una afrenta directa al SME y sus afines, uno de ellos el mismísimo AMLO.

La leyenda, hasta aquí, sería un complot seguro, pero se pone mejor. Según muchas de las versiones que apoyan al SME (y según el propio Sindicato), la paraestatal celebró el 23 de agosto de 2005 un contrato con WLCOM, una empresa española, para sustituir su cableado por fibra óptica, lo cual le permitiría a LyFC proveer servicio eléctrico, pero también de telefonía y cable. Parte del contrato, dicen, consistía en cederle 1100km de fibra óptica a la empresa española. La teoría del complot dice que el gobierno federal disolvió LyFC para privatizar el servicio en manos de WLCOM y por lo menos dos particulares mexicanos interesados en dar servicios de cable e internet (ajá, ésos). Y todo esto es un complot seguro, salvo porque la propia LyFC declaró el 8 de octubre en un comunicado de prensa que el contrato con WLCOM nunca se cumplió: hubo un convenio en 2005, sí, pero quedó disuelto por reformas a la Ley Federal de Derechos en enero de 2007, y aunque en diciembre de ese año se celebró un nuevo contrato, éste se rompió el 14 de agosto de 2009 por incumplimiento de WLCOM. El cableado nunca se hizo, y, en cualquier caso, el trato sólo contemplaba la renta del equipo de WLCOM por parte de LyFC, no la cesión de espacio en fibra óptica.

Lo que pase con el servicio eléctrico en el centro del país será la medida para saber cuál es la versión real: quizá tendremos CFE, quizá empresas privadas. A lo mejor de verdad había irregularidades en el proceso de elección interna del SME, pero eso no lo sabremos nunca. Así lo estipula Loret de Mola en su columna de El Universal del 13 de octubre: «desapareció la laptop del funcionario que, burocráticamente hablando, negó la toma de nota a Esparza. La computadora tenía todo el expediente. Notas ciegas que seguramente no volverán a ver.»