La Cámara de Diputados avaló este viernes 15 de diciembre la Ley de Seguridad Interior con modificaciones hechas por el Senado la envió al Ejecutivo para su promulgación.

El dictamen fue avalado por 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.

La Ley de Seguridad Interior consiste en normar y regular el uso de fuerzas federales en estados y municipios cuando éstos sean rebasados por la delincuencia organizada.

Estos son los cambios que se aprobaron en la Ley:

  • Los gobiernos locales y municipales que soliciten ayuda de las fuerzas armadas para una emergencia de seguridad, deberán entregar un plan, con plazos, acciones y presupuesto para depurar y profesionalizar a sus policías.
  • Fuerzas Federales y las Armadas podrán desarrollar actividades de inteligencia en materia de seguridad interior, es decir, se les está permitido hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.
  • Aunque la declaratoria no debería de pasar de un año, podría modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente, si persiste la amenaza a la seguridad interior.

Pero, ¿por qué nos debe importar la Ley de Seguridad Interior? Aquí van las claves de la misma.

El dictamen de la Ley de Seguridad Interior establece que los estados o municipios en los que ya haya presencia del ejército tendrán 90 días para solicitar la declaratoria de amenaza a la seguridad interior con el fin de sujetarse a la nueva ley.

La discusión en el pleno de la Cámara de Diputados ocurre cuando el presidente Enrique Peña Nieto urgió al Congreso a votar la Ley de Seguridad Interior y pese a las críticas que ha recibido de decenas de organizaciones de la sociedad civil.

Una de las organizaciones que alertaron sobre las fallas en el dictamen de la Ley de Seguridad Interior es el colectivo #SeguridadSinGuerra, que advierte que la aprobación de la ley perpetuaría la militarización de la seguridad pública y la violencia.

El argumento de ese colectivo es que los gobiernos estatales tienen la obligación de formar corporaciones policiacas eficaces que garanticen la seguridad para no recurrir al servicio de las Fuerzas Armadas, indica un reporte de Animal Político.

«Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública», manifestó el colectivo.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 11 organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos expresaron su «preocupación ante el avance de la Ley de Seguridad Interior», pues hay potenciales riesgos de violaciones a los derechos humanos por la militarización del país.